Antorcha Empalmense

Mensaje a los mexicanos: Sobre los verdaderos problemas del país

Mensaje a los mexicanos: Sobre la educación

¡SÍ SOMOS VÍCTIMAS DE PERSECUCIÓN POLÍTICA! Por: Aquiles Córdova Morán Hay quienes, de buena fe, se han dejado impresionar y confundir por las fantásticas cifra...s que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asegura haber descubierto en las cuentas de varios líderes antorchistas, y se resisten a creer que todo se reduce a un linchamiento mediático, orquestado desde las altas esferas del poder, para liquidarnos como corriente política opositora. Para probar que tenemos razón, hoy recurro al testimonio irrecusable de la misma prensa que los orquestadores del plan están utilizando para ejecutarlo. Avanzaré cronológicamente. 19 de agosto de 2020. El columnista (¿en serio?) Carlos Gómez de retodiario.com encabezó su nota así: Jugada maestra de Morena: hundir al PRI y a Antorcha para dejar solo al PAN. En rigor, esto basta para mi objeto de aclarar la esencia de la cuestión. Sin embargo, no debo pecar de un laconismo que pudiera hacer dudar a más de uno. Sigue Gómez: Morena juega con maestría rumbo al 2021 para ganar las elecciones federales y locales. No se puede entender de otra forma a nivel nacional el perverso juego político de la detención de Emilio Lozoya y sus revelaciones sobre sobornos a priistas y panistas. Carlos Gómez, pues, señala como un perverso juego político el manejo que el Gobierno federal está haciendo del caso Lozoya, y asegura que Morena sabe que para evitar la alianza del PAN y PRI debe dinamitar cualquier posibilidad y los videoescándalos que ya empezaron y que seguirán son la mejor muestra. ¿Alguna duda? Y Gómez no inventa. Nadie se atrevería a hacerle eso al supremo poder, y menos en tiempos de la 4T. Después de lo dicho, uno esperaría una enérgica condena a semejante prostitución de la ley y del Estado de Derecho; pero Gómez, sin ruborizarse, afirma: Lo que es extraño es que dentro de la estrategia se quiera incluir al gobernador poblano, Miguel Barbosa. ¡Aquí está el busilis! La tarea de Gómez no es defender la ley sino lavarle la cara a Barbosa, bastante sucia con las denuncias de Lozoya. Ahora sabemos, además, la fuente de la información que maneja. Gómez es un peón mediático de Barbosa, y es en cumplimiento de ese papel que asegura que las acusaciones en contra de Antorcha son una jugada maestra para ganar en el 2021. Dice más: Y el reciente congelamiento de las cuentas bancarias de líderes de Antorcha Campesina es el preámbulo a la detención de varios de ellos ante la corrupción, los delitos y toda la estela de ilegalidad que tiene ese sector. Añade: Antorcha Campesina es sinónimo de delincuencia y corrupción y solo basta revisar un poco para encontrar toda la porquería de la que está hecha esa mafiosa organización. Gómez es, pues, un linchador profesional. Linchar, dice el Pequeño Larousse (la definición de la Real Academia contiene una contradicción evidente), es ejecutar sumariamente, sin garantía jurídica ni procesal de ninguna clase, al supuesto transgresor. Y por extensión, maltratar la multitud a alguien. Linchar, pues, no exige revelar el contenido de una investigación en curso (aunque no son excluyentes) que por ley debe ser secreto; puede hacerse sin esa revelación porque su esencia es golpear, masacrar, despedazar a la víctima sin haber demostrado su culpabilidad. El linchamiento mediático persigue un doble propósito: provocar el rechazo y la condena del público contra el incriminado y quebrantar su entereza anímica, moral e intelectual hasta reducirlo a la parálisis total por miedo, como ocurre con el ciervo acorralado por la jauría. Para eso, el linchador debe emplear las injurias más sangrientas y degradantes, las acusaciones más vergonzosas e infamantes, las amenazas más brutales y temibles; necesita palabras que golpeen, hieran, quebranten y maten, como las pedradas de los antiguos lapidadores judíos. Eso es lo que hace Carlos Gómez con los Antorchistas. Su nota es un modelo clásico de linchamiento mediático y por eso me he detenido un poco más en él, lo que no podré hacer con los que siguen. 20 de agosto. Martín Hernández Alcántara cabeceó en La Jornada de Oriente: Pemex quitó contratos a cuatro gasolineras antorchistas ante sospechas de huachicol. La nota asegura: En junio de 2017 PEMEX canceló definitivamente sus contratos con al menos cuatro gasolineras de Antorcha Campesina ubicadas en Tepexi, Libres y la capital de Puebla porque no pudo acreditar la procedencia del combustible que vendían. Esto es una mentira pura y simple. Antorcha no posee ninguna gasolinera en Libres, y la única suya que ha sido suspendida es la de Tepexi, acción que, por cierto, aún está sub judice. Además, como dice la nota, esto viene desde 2017, lo que prueba que se trata de un refrito, corregido y aumentado por Hernández, para lanzar su propia piedra contra los antorchistas. Las fuentes explicaron que cada estación tiene un control volumétrico que crea archivos de forma automática cada cuatro horas y cada 24 horas los transmite a PEMEX. Si la empresa no los recibe, al otro día envía un correo electrónico advirtiendo que el expendio no mandó archivo y debe enviarlo de inmediato. ¡Exacto! Por tanto, Hernández debería aclarar, sobre esta base, la sospecha de que habla, ya que resulta imposible frente a una tecnología infalible que detecta el fraude en 24 horas. Y también por qué, en más de 20 meses de un Gobierno que lucha contra la corrupción, no han suspendido una sola gasolinera antorchista por robo probado de combustible. Acusa a funcionarios de pasados sexenios de darnos trato privilegiado; convierte en prueba de delito la compra de una gasolinera en Puebla en años duros para el sector; nos acusa de usar indebidamente influencias ante las autoridades para conseguir permisos de construcción, etc. Pura saliva y ninguna prueba creíble. Esto se llama linchamiento mediático. 21 de agosto. El diario Cambio publicó nota de David Meléndez: Antorcha se despachó con la cuchara grande en Tecomatlán. Meléndez se aplica en su texto a puntualizar las obras y los montos asignados a las mismas que el Ayuntamiento de Tecomatlán asignó a Acabados Arquitectónicos Frank, ligada al líder antorchista Rodolfo de la Cruz Meléndez. Para ilustrar el rigor demostrativo de Meléndez, cito esta perla: La segunda parte de la Casa de la Cultura de Tecomatlán requirió de una inversión de 27 millones 542 mil 738 pesos, quedándose dentro de las arcas de la organización antorchista. ¿En serio? ¿No se realizó la segunda etapa del inmueble o su calidad no justifica el monto asignado? Meléndez guarda absoluto silencio al respecto. Al final de la nota, tras enlistar obras grandes y pequeñas dentro y fuera de Tecomatlán y en un gráfico destacado en rojo y negro para llamar la atención, se repite el mismo juego de manos: total de los montos asignados a las obras: 176 millones 459 mil 532 pesos que, según el método demostrativo de Meléndez, se quedaron dentro de las arcas de Antorcha. ¿Y las obras? ¿No se hicieron o no costaron nada? Esto no es probar nada sino linchamiento mediático puro y simple. De paso aclaro que Rodolfo de la Cruz no tiene nada que ver con la empresa acusada y que todas las obras fueron debidamente licitadas. 26 de agosto. El portal qsnoticias.mx en la columna Letras (letrinas debería decir) de Juan Gabriel, dice en 3 balazos relativos al tema: PRI le dice a Antorcha a la hora que yo quiera te detengo; Rijosa y mantenida organización vuelve a los brazos tricolores y Espantados por la UIF, líderes antorchistas botan al PAN. Luego, el señor de las letrinas relata, en versión libre, la servil y diligente sumisión con que los líderes antorchistas acudieron a rendirse ante el gobierno y la presidenta del PRI mexiquenses, sugiriendo que con ello se confiesan tácitamente culpables y temerosos de ir a parar a la cárcel. ¡Pura basura! Pero voy al párrafo clave: Vaya que las relaciones y acuerdos entre los que mandan en el Edomex y en la federación están en su mejor momento. La Cuarta Transformación y el temible Santiago Nieto aplacaron a Antorcha y lo volvieron a meter al redil priista. ¿Acaso no está claro el cuento? 27 de agosto. Digitalmex.mx (redacción) dice: Intrigas palaciegas cuentan sin rubor alguno que el regreso de Antorcha a las filas del PRI fue una jugada magistral de triple banda, como dirían los billaristas, orquestada desde Palacio Nacional. El anuncio de que Antorcha salía del PRI para aliarse con el PAN, generó preocupación a los altos mandos políticos, por lo que se ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera que revisara cuentas bancarias de Antorcha y encontraron mucho dinero allí, que difícilmente podría justificarse, por lo que fueron bloqueadas. ¿Es gratuita la coincidencia en las historias? 28 de agosto. E-consulta.com publica en la columna de Antonio Madrid El hijo de Mocorito vs. el hijo de doña Cuquita: No cabe duda, como al narcotráfico, cuando realmente se quiere eliminar una organización, del tipo que sea, hay que pegarle en el ala financiera. Y eso es lo que está haciendo el gobierno federal contra Antorcha Campesina, la organización familiar (una familia de más de dos millones de mexicanos, ACM) de Aquiles Córdova Morán. Siguen los insultos, las acusaciones y las simples imputaciones infamantes como corresponde a linchadores profesionales. Si tomamos las tres últimas notas y les sumamos la primera de Carlos Gómez, no queda duda de que la congelación de cuentas a líderes antorchistas y el linchamiento mediático en nuestra contra no obedecen al combate a la corrupción, sino a una maniobra electoral ordenada desde Palacio Nacional, tal como lo hemos sostenido desde un principio. Es decir, que tenemos razón al asegurar que somos víctimas de una encarnizada persecución política por el Gobierno de la 4T. Si esta maniobra fue pactada con el PRI, o no, no me toca a mí responderlo, aunque lo dicho por Alejandra del Moral y los famosos brazos abiertos del PRI de que se burla la prensa son verdades del dominio público. Pero su interpretación la dejo a los (malos) discípulos de Maquiavelo, especialistas en hozar en los lodos de la política. Repito que ninguno de los medios y columnistas citados es, ni de lejos, crítico de la 4T. Ni siquiera neutral. Todos son miembros de la falange mediática morenista y, por tanto, insospechables de calumniar al Gobierno al que sirven ni de inventar la trama oculta que relatan. Su testimonio, como dije, es irrecusable. Pero la base de nuestra defensa es la falsedad de las acusaciones de la UIF. El Sol de Puebla, el diario más serio y de mayor circulación en el estado, publicó el 29 de agosto una columna de María de los Ángeles García cuya parte relativa se titula Ni la UIF ni Antorcha presentan pruebas de sus dichos y dice: Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ha dado un duro golpe a la organización Antorcha Campesina congelando las multimillonarias cuentas bancarias de ésta y de sus líderes principales (dice que son más de mil millones de pesos), aún no ha dado información suficiente sobre las pruebas, por lo menos incipientes, que demuestren que dichas cantidades son producto de actos ilícitos. De ahí que los dirigentes denuncien una y otra vez que se trata de una persecución política y que su millonario capital manejado y depositado en efectivo fue obtenido legalmente. No obstante, igual que su acusador, no presentan pruebas o dan una explicación convincente sobre cómo lograron acumular esa fortuna. Aplaudo el esfuerzo de objetividad y de equilibrio de doña María de los Ángeles y por eso aclaro, sin afán de polémica, primero: doña María reclama a la UIF no haber probado el origen ilícito de los más de mil millones de las cuentas congeladas. Esto implica que da por cierta esa cantidad. Pero justo lo que nosotros alegamos es que es falsa la cifra misma y no solo su origen ilícito. Y siendo falsa la cifra, no se nos puede pedir que demostremos su carácter lícito. Además, sí damos pruebas de nuestro dicho: la suma total de los saldos de las veinte cuentas congeladas es apenas de poco más de 27 millones de pesos. Nadie nos ha desmentido. La cifra estratosférica que maneja la UIF la obtuvo sumando los ingresos de un período de diez años (de 2010 a 2019) con la clara intención de abultar la cifra para impactar a la opinión pública y no para probar su dicho. Sin embargo, son reales los negocios y las cuentas congeladas. ¿De dónde surgieron ambos? Respondemos: las cuentas, que en promedio arrojan un saldo de 1 millón y 350 mil pesos cada una, son el registro de las operaciones normales propias del negocio que representan. Y para sopesar correctamente nuestra versión sobre el origen de los negocios, hay que entender primero que no surgieron de golpe, todos juntos a la vez, sino que se fueron creando paso a paso, a lo largo de treinta años de actividad financiera del Antorchismo nacional. Ahora bien, el primero fue la pequeña (entonces y ahora) gasera El Paraíso, en la Sierra Norte de Puebla, una inversión muy modesta que fue posible financiar con las cuotas, las aportaciones voluntarias y la colecta pública de miles de antorchistas en todo el país. ¿Cómo lo demostramos? Con el testimonio de quienes participaron en la operación. Aunque muchos de ellos ya murieron y otros ya no están con nosotros, aún quedan vivos y actuantes varios cientos, miles quizá, de los fundadores de este primer negocio, y los podemos reunir y presentar ante quien los requiera como testigos. El resto son reinversión de utilidades básicamente, y las únicas inyecciones de capital nuevo fueron y son las colectas, cuotas y aportaciones de los antorchistas. Si alguien afirma que han recibido cientos o miles de millones de pesos de origen turbio, lo tiene que demostrar con pruebas documentales, escritas o grabadas, que es lo que no hace, ni puede hacer, la UIF. Pero es claro que, a quienes les han encargado hallar pruebas en nuestra contra a como dé lugar, estas verdades obvias y elementales solo les provocarán una sonrisa de burla, que no es lo mismo que refutarlas.

LA DEMOCRACIA MEXICANA EN CRISIS Por: Aquiles Córdova Morán La división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es, como todos sabemos, la piedra angular... de la teoría democrática liberal. Tal división lleva implícita, necesariamente, la delimitación precisa del área de responsabilidad de cada uno y la absoluta independencia recíproca, que impida la invasión de atribuciones entre ellos. Sin embargo, la división de poderes se contradice en los hechos con la actividad de los partidos políticos, también amparada por la ley como algo indispensable para toda verdadera democracia. Las atribuciones legales de los partidos implican la posibilidad de que un mismo partido conquiste en las urnas tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo. Si, además, como sucede en México, en estos dos poderes recae la facultad de elegir y conformar el poder Judicial, el resultado final es la anulación de facto de la división de poderes, es decir, que los tres poderes acaban funcionando como uno solo. Y si este partido, a su vez, está sometido a la voluntad de un solo hombre, lo que tenemos realmente es una autocracia velada con el ropaje de la teoría democrática. Las consecuencias son muchas y graves. Los mexicanos lo sabemos muy bien porque esta fue, sobre poco más o menos, la situación que imperó durante todo el largo período de la hegemonía priista, misma que mantuvieron sin cambios significativos los regímenes de la alternancia. Según opinión casi unánime de los expertos, el sistema político mexicano puede calificarse como un régimen presidencialista, que se caracteriza, además, por un presidencialismo exacerbado, es decir, que la Constitución y sus leyes derivadas, sumadas a nuestra herencia histórica, otorgan al poder Ejecutivo facultades extraordinarias que lo convierten, de facto, en el poder dominante sobre los otros dos, de donde resulta que la democracia mexicana ha funcionado siempre como una dictadura del Presidente de la República en turno. En esta dictadura sui géneris, los poderes Legislativo y Judicial han sido (salvo breves períodos excepcionales) simples ejecutores de la voluntad presidencial en lo que a ellos concierne; impotentes, por tanto, para jugar el papel de verdaderos contrapesos del hipertrofiado poder presidencial, por lo que la estabilidad institucional y el respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos han dependido de la capacidad de autocontrol y de autolimitación del propio Presidente. En México, por eso, la elección de Presidente de la República ha sido siempre un asunto (casi) de vida o muerte, aunque no todos lo hayamos concientizado así. Cuando nos hemos equivocado, las consecuencias han sido catastróficas para los intereses nacionales: hemos ido del nacionalismo revolucionario a la preferencia por la inversión privada, de ahí a la economía mixta, a la sustitución de importaciones apoyada en el proteccionismo, al libre mercado y, finalmente, al neoliberalismo rampante (previo remate a precio de ganga de las empresas de propiedad nacional) cuyas consecuencias estamos pagando hoy. Y todo esto por decisión del Presidente en turno y de sus más allegados, sin que ni los otros poderes ni la voluntad popular hayan sido tomados en cuenta en alguna medida. Hoy estamos viviendo la cuarta transformación. México está siendo sometido, según el discurso oficial, a un cambio radical de régimen cuyos fundamentos filosóficos, políticos, sociales y económicos, y cuyos objetivos de corto, mediano y largo plazo nadie conoce o nadie considera necesario explicar, amplia y razonadamente, a la opinión pública nacional. La acción y el discurso de quienes nos gobiernan parecen querer decirnos que lo que sea y lo que se proponga alcanzar esta transformación no son asunto de nuestra incumbencia, de los ciudadanos de a pie cuyo destino se juega en esta nueva aventura; que nuestro único papel consiste en creer a pies juntillas lo que dice el Presidente en sus diarias conferencias matutinas y en obedecer las decisiones que se sirve tomar en nuestro nombre, aunque, eso sí, pensado exclusivamente en nuestro bienestar. Implícitamente se nos sugiere seguir la vieja receta de ver, oír y callar de la época virreinal, cuando México era una colonia de España. El autoritarismo y el irreductible dogmatismo del actual Presidente de la República, ponen de relieve, como nunca antes, la supresión real de la división de poderes en favor de uno solo: el poder Ejecutivo. Si los señores diputados de legislaturas anteriores se tuvieron que someter a la voluntad presidencial, hoy ese sometimiento es, además voluntario y un timbre de orgullo que se pregona a los cuatro vientos, a voz en cuello, tal vez sin reparar en que, con tal conducta, denigran el papel de representantes del pueblo que éste les confió y traicionan su deber de actuar como un poder soberano e independiente, capaz de limitar y acotar los desbordamientos del poder presidencial. En este servilismo voluntario reside la causa de que la conformación del tercer poder, del poder Judicial se haya ido amoldando y sometiendo a la voluntad presidencial. La grave consecuencia de esto es que todo el organigrama del aparato encargado de impartir justicia pierde libertad e independencia para cumplir la elevada misión que la nación le encomienda. Y junto con esto, estamos presenciando la destrucción de organismos autónomos o, por lo menos, de su verdadera autonomía para vigilar el comportamiento del gobierno, entre los cuales se incluyen algunos tan importantes como el INE y toda la estructura encargada de organizar y vigilar los procesos electorales. En estos días, los medios abundan en noticias referentes al papel de verdaderos caballos de Troya de al menos dos de los cuatro miembros del INE recientemente nombrados por los senadores. ¿Podemos los mexicanos confiar la limpieza y transparencia de los resultados electorales del 2021 a esta clase de funcionarios electorales? El derecho del Ejecutivo a elaborar y presentar iniciativas de ley para la discusión y aprobación del Legislativo se ha convertido, en las actuales condiciones, en un mero trámite, pues todo se aprueba tal como lo envía el Presidente y en el plazo fijado por él. Incluso estamos a punto de llegar al absurdo de que el Congreso abdique de su facultad exclusiva de modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en favor del Ejecutivo. Esta indebida relación entre Ejecutivo y Legislativo ha convertido al Presidente en el verdadero legislador de la 4 T, y así se explica que se hayan aprobado una serie de leyes terribles que contradicen a la propia Constitución, a los principios básicos del derecho universal y atentan gravemente contra la libertad y la integridad personal y material de los ciudadanos. La legislatura morenista pasará a la historia como creadora de engendros tales como la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que prohíbe a cualquier funcionario ganar más que el Presidente; La Ley Nacional de Extinción de Dominio, que permite a la autoridad confiscar bienes de particulares que sospeche de procedencia ilícita; la Ley de Seguridad Nacional, que equipara caprichosamente los delitos fiscales a la delincuencia organizada, con prisión preventiva forzosa para ambos; la Ley de Austeridad Republicana, que agrede derechos ya conquistados por los trabajadores del Estado en materia salarial y que, además, invade las atribuciones de otros organismos. Y podemos añadir enormidades como la lista interminable de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, o las elevadísimas penas para delitos electorales mal definidos, que abren la puerta a la represión de los opositores del gobierno actual. Es consenso nacional que el combate a la corrupción se ha transformado en un arma para amedrentar, perseguir y encarcelar a los opositores más peligrosos para el gobierno morenista. Así lo atestigua el perfil de los personajes señalados, las fechas escogidas para capturarlos y someterlos a juicio y la terrible irregularidad procesal de filtrar a los medios cargos y pruebas contra el indiciado, que son secretos por ley. Se busca predisponer a los jueces y a la opinión pública en contra del acusado y cerrar la puerta a toda esperanza de una sentencia absolutoria. Todo es un burdo montaje, se dice, para amedrentar a la oposición y para disuadirla de cualquier intento de unirse y coaligarse para derrotar a Morena en el 2021. En Puebla, el gobernador Miguel Barbosa ha tenido la valentía de obligar al Ministerio Público a acusar de robo calificado a una líder popular de larga trayectoria en defensa de los más pobres y olvidados de la capital poblana. Ella misma, la respetada y querida dirigente Rosario Sánchez Hernández, salió del seno de esa pobreza contra la que lucha, gracias a la educación y orientación del Movimiento Antorchista Poblano (MAP). Pero hoy se ha convertido en una perseguida política del gobernador Barbosa. Los antorchistas poblanos han protestado enérgicamente contra semejante abuso y tan descarada prostitución de la ley. Como respuesta, han recibido información fiable de que 16 dirigentes antorchistas de primer nivel están siendo investigados a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto. Pero según algunos medios nacionales, hace ya semanas que este mismo funcionario presentó una denuncia contra líderes antorchistas ante la Fiscalía General de la República, lo que supone que la investigación estaba ya completada. ¿Cómo se entiende esta nueva investigación? No es remoto pensar que se trata de una nueva maniobra represiva de Barbosa, digno discípulo de quien lo aupó en el gobierno de Puebla. Y Antorcha es uno de sus enemigos políticos más odiados y temidos, como lo prueban: a) el cochinero legal que armaron Barbosa, el IEE y el Tribunal Electoral del Estado para negarle al MAP su legítimo derecho a convertirse en partido político estatal, b) la inmensa cobardía y sevicia de perseguir a una humilde luchadora social como Charis y c) las reiteradas amenazas telefónicas contra la vida del licenciado Ovidio Celis Córdova, líder de los transportistas poblanos a quienes Barbosa niega el derecho a ganarse el pan de cada día, solo por ser antorchistas. Quede aquí la denuncia oportuna del peligro y quede advertido el gobernador de Puebla de que conocemos a los esbirros y sabemos al servicio de quién operan. La democracia mexicana está en grave riesgo: así lo prueban los hechos aquí brevemente narrados.

#MiguelPompaNoJalaConLosHumildes Secretario de Gobierno de Sonora mentiroso!! No más mentiras!!

Los invitamos a leer este testimonio

¡Noticias en chinga! ¡La lista de los 32 peores gobernadores! Informalidad en el Ayuntamiento de Hermosillo. No. 15

¿NO PODRÍAMOS DEFENDER LA LEY Y EL ESTADO DE DERECHO UNIFICADA Y CONSECUENTEMENTE? Por: Aquiles Córdova Morán La persecución política en México, haciendo un us...o pervertido y faccioso de la ley, se está volviendo una práctica de gobierno cada vez más extendida y desembozada. Todos los ciudadanos mexicanos no afectos a la 4 T o, peor aún, opositores declarados de la misma, estamos en un peligro inminente de ir a parar con nuestros huesos a una mazmorra, acusados de delitos prefabricados y graves que ameriten muchos años de cárcel. Los diputados morenistas al Congreso de la Unión, cuyo sometimiento irrestricto a la voluntad del Ejecutivo es algo que ellos mismos pregonan a voz en cuello como timbre de orgullo, han aprobado leyes que, como señalé en mi artículo anterior, contradicen abiertamente la Constitución General de la República y son claramente violatorias de varios derechos fundamentales de los ciudadanos. La cosa es tan seria que, según algunos medios y articulistas de reconocida solvencia moral e intelectual, esas leyes han dado lugar a varias controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y miles de amparos interpuestos por ciudadanos que se sienten vulnerados en sus derechos. Esos recursos están en poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá decir la última palabra al respecto. Sin embargo, quienes tenemos conciencia del peligro, no debemos sentarnos a esperar simplemente. Creo que es momento ya de unificar a todos los perjudicados, ofendidos y atropellados por el autoritarismo y las políticas desacertadas de la 4 T, para iniciar una lucha conjunta en defensa de la ley y del Estado de derecho y para demandar, además, acciones eficaces contra las tres grandes plagas del momento: el desastre económico, el descontrol absoluto de la pandemia y la inseguridad rampante que amenaza la vida y la seguridad de todos. Es urgente denunciar la manipulación que se esconde tras el supuesto combate a la corrupción; explicarle al pueblo cómo, detrás de esta bandera legítima, se oculta una auténtica cacería de brujas en contra de los opositores más representativos del régimen actual; en contra de aquellos de los que recela una competencia real y peligrosa para su propósito de retener todo el poder en las elecciones del 2021. Hacerle notar qué significa haber llegado al grado de que, para conseguir la imputación directa a las cabezas que realmente interesan a la 4 T, estemos recurriendo a la nefasta práctica de la justicia yanqui del testigo protegido y del testigo colaborador, que no son más que eufemismos para no llamarlos testigos de paga, testigos comprados que, naturalmente, pueden servir para cualquier cosa, menos para dar certeza jurídica a un acusado. Alguien con la soga al cuello es capaz de inculpar al Santo Papa, si se le garantiza con ello su propio pellejo. Juntémonos todas las víctimas de la 4 T, las reales y las potenciales; hagamos de los miles de arroyos aislados un solo y poderoso torrente que se haga escuchar por el país entero. Convoquemos, por ejemplo, a todos los que se quedaron sin apoyo con la desaparición de Prospera, Progresa y programas similares; a los que se quedaron sin el seguro popular, es decir, sin ningún apoyo médico; a quienes perdieron las guarderías infantiles y los comedores comunitarios; a los pueblos y comunidades sin obra pública; a los ayuntamientos sin participaciones; a los campesinos que dejaron de recibir fertilizante subsidiado; a las mujeres víctimas de violencia familiar que perdieron los albergues; a las feministas; a los padres y madres de niños con cáncer; a los diabéticos que perdieron de pronto medicina y diálisis gratuitas; a los infectados con VIH que carecen de retrovirales; a médicos, médicas y trabajadores de la salud en general, sin protección adecuada y sin recursos para curar a los enfermos graves de Covid-19. Suma y sigue: a quienes perdieron el empleo y todo o una parte significativa de su ingreso; a las micro, medianas y pequeñas empresas que están cerrando por falta de apoyo gubernamental; a quienes se sienten amenazados por la ley de extinción de dominio; a los empresarios amenazados de ser tratados como miembros del crimen organizado por un error en la tributación; a quienes ya se ven tras las rejas por el abuso de la prisión preventiva oficiosa; a los maestros y maestras sin plaza y con legítimo derecho a ella, a los abogados amenazados y perseguidos por ejercer su oficio en defensa de enemigos del gobierno; a quienes se les ha obligado a ganar menos que el presidente o a quienes han sufrido severos recortes a su salario; a quienes buscan en vano justicia y protección contra el crimen organizado; a los obreros que reclaman mejores salarios, prestaciones y verdadera libertad sindical, y no solo cambio del charro en turno. Y agréguele usted los que tenga en mente. Especial importancia merecen los medios y los periodistas injuriados y amenazados por sus críticas a la 4 T. También a ellos los debemos convocar a la unidad nacional por la justicia y la ley. Ellos saben mejor cuánto se está agudizando y poniendo en evidencia la represión y la persecución política ante la proximidad de las elecciones de 2021; saben que los morenistas tienen miedo de perder el poder por culpa de sus terribles errores, y por eso están echando mano de todo tipo de distractores y del terrorismo político para distraer la atención del público. Circo en abundancia, pero en lugar de pan, garrote vil. Hay que golpear con mano firme a los enemigos para someterlos o refundirlos en la cárcel de una vez por todas. El pretexto del combate a la corrupción es muy eficaz y difícil de desenmascarar. Es eficaz porque el pueblo odia la corrupción y aplaude el castigo severo a los corruptos; y es difícil de desenmascarar porque nadie defiende a un acusado de corrupción, aunque lo sepa inocente, por temor a que lo acusen de cómplice. Así, todos contribuimos con nuestro silencio al éxito de la maniobra oficial. Y esto es particularmente relevante en el caso de los medios. Me llama la atención la facilidad con que caen en contradicciones obvias de las que parecen no darse cuenta. Por ejemplo, son ellos los que denuncian el carácter ilegal de las llamadas filtraciones porque, dicen, viola la secrecía de la investigación y lesiona gravemente el derecho al debido proceso. La filtración incita intencionalmente el linchamiento público del acusado para condenarlo antes que la ley, e impide a los jueces, por eso, dictar libremente la sentencia que a su juicio corresponda. Resulta difícil y peligroso, en tiempos de dictadura, contradecir el veredicto popular. Todo esto es absolutamente cierto, y por eso sorprende más que sean esos mismos medios los que se apresuren a recoger y a difundir diligentemente la filtración, que saben que es siempre ilegal aunque sea cierta. ¿Tanta es la ambición por ganar la primicia o las ocho columnas? ¿No sería esperable, por elemental sindéresis, que él o los medios que reciben la filtración se negaran a publicarla en tanto no dé la cara el responsable de la misma? La segunda contradicción que registro es que, estando claros los medios y los buenos periodistas del terrible e irreparable daño (moral, material y social) que causa el linchamiento mediático, no se den cuenta (o finjan no darse cuenta) de que son ellos los que, al difundir alegremente las filtraciones, ponen en manos del público, ávido de castigo a los perpetradores de delitos particularmente odiosos, las armas indispensables para el linchamiento moral del imputado. Parecen rechazar simplemente su responsabilidad; pero ese rechazo no es suficiente para librarlos de culpa. La tercera contradicción es la afición casi deportiva de muchos columnistas a completar con sus propias acusaciones las contenidas en la filtración; es decir, su gusto por reforzarla sumándole sus propias aportaciones y sellar con ello la suerte del acusado. Y lo más sorprendente es que ellos tampoco aportan pruebas fehacientes (salvo casos raros en que citan documentos o fuentes verificables) de sus dichos. En no pocas ocasiones, además, son los mismos medios y columnistas los que se responsabilizan de la acusación. Con igual frescura e insensibilidad que el gobierno, se arrogan el papel de fiscal, juez y verdugo con el único respaldo de una fuente de muy alto nivel, personas muy cercanas a tal o cual funcionario o testigos confiables que pidieron el anonimato. Eso, como lo entiende cualquiera, no demuestra absolutamente nada. La cuarta y última contradicción es la dureza, la frialdad y la total falta de humanismo que muestran medios y periodistas ante el trato brutal a un acusado. No parecen conmoverse por nada; no parecen preocuparse porque un delincuente, un ser humano al fin y al cabo, sea maltratado como una bestia inmunda. Los periodistas parecen incapaces de meterse, siquiera por un segundo, en el pellejo de la víctima, o de imaginar que algún día ellos mismos pueden hallarse en una situación parecida. Una deshumanización que procede del sentimiento de invulnerabilidad que les garantizan los poderes públicos para tenerlos de su lado. De ahí su debilidad para ejercer la crítica profunda y consecuente del régimen establecido. Medios y periodistas actúan como modernas Penélopes: en un día destejen lo que han tejido antes con trabajo y esfuerzo. Su correcta y puntual denuncia de los vicios y los abusos de poder queda anulada con la difusión que hacen de las filtraciones ilegales; con las acusaciones sin pruebas que añaden a las del gobierno; y cuando se ponen a gritar a coro con el público asistente al circo: ¡sangre, queremos sangre! de condenados. Y yo me pregunto: ¿qué pasaría si lográsemos unirnos todos los hombres y mujeres buenos de este país con los medios y periodistas más poderosos e influyentes en defensa de la ley, el derecho y la justicia? ¿Qué maravilla de país seríamos capaces de construir entre todos? ¿Un sueño de tontos?

Apoyo sin condiciones a la prepa de la colonia Café Combate

Empalme, Son.- Una comisión de Empalmenses de la zona urbana y rural nos dimos cita en el ayuntamiento para solicitar una audiencia con el presidente municipal Francisco Genesta Sesma, para seguir externandole nuestra preocupación por la falta de soluciones a las necesidades de las colonias y comunidades que están resagadas en obra social y programas asistenciales que antes, durante y después de la crisis de la pandemia sigue sin darse el apoyo a familias de escasos recursos económicos. La comisión fue atendida por el secretario municipal Gustavo Rodríguez quien se comprometió en agendar una cita con el edil, por lo que esperaremos esta semana, pero de no darse la audiencia informaremos las siguientes actividades a realizar para denunciar la falta de soluciones.

LA ARBITRARIEDAD Y LA REPRESIÓN AVANZAN PELIGROSAMENTE Por: Aquiles Córdova Morán La historia, dice Marx, es la ciencia por excelencia, la única verdadera cienc...ia. Cervantes había escrito, más de dos siglos antes, que la historia es la maestra de la humanidad. Pero Marx veía en ella algo más hondo y esencial que la pura función pedagógica que le reconocía Cervantes. Según él, la historia es el desarrollo en el tiempo de todos los fenómenos de la realidad material (incluidos la sociedad y el pensamiento); por tanto, todo lo que existe, sin excepción, tiene una historia, y el conocimiento preciso, científico, de cualquier objeto real es imposible sin el conocimiento de su historia, sin remontarse a sus orígenes y, a partir de allí, seguir paso a paso su desarrollo hasta su configuración actual. Es lo que se conoce como conocimiento concreto de las cosas. Hoy, en México, están teniendo lugar sucesos inusitados, inéditos, que están afectando negativamente la vida, la seguridad y la tranquilidad de toda la sociedad. Estos cambios se originan en la voluntad y la decisión de un solo hombre, el Presidente de la república, a cuyas órdenes y deseos se hallan sometidos el aparato completo de la administración pública, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial Federal, lo que significa la supresión factual de la división de poderes propia de toda democracia. Juristas, columnistas, articulistas y politólogos de los más reconocidos están de acuerdo en que México y los mexicanos nos encaminamos hacia una dictadura. ¿Es realmente así? ¿A qué clase de dictadura nos precipitamos sin darnos cuenta? Para responder a estas preguntas, me parece oportuno echar mano de la tesis marxista sobre el conocimiento concreto. Al hacerlo, nos daremos cuenta de que la dictadura no surge nunca de la nada, ni tampoco es fruto del capricho personal de un individuo; que todas brotaron de circunstancias materiales, económicas y espirituales que las hicieron necesarias y posibles y que representaron siempre los intereses de determinados grupos sociales dominantes, en abierta oposición de las clases trabajadoras de la ciudad y el campo. Veremos que dictadura no es sinónimo de retroceso, de oscurantismo científico y cultural, de odio a la libertad personal y política; en suma, oposición a rajatabla al progreso y bienestar de la población. En efecto, hubo dictaduras por decisión popular, como la de Cincinato que salvó a Roma de la invasión extranjera; otras como las de los tiranos griegos que promovieron eficazmente el comercio, la industria y las libertades ciudadanas en las colonias del Asia Menor. Gracias al tirano Pisístrato, hoy disponemos de una versión depurada y confiable de la Ilíada de Homero. En sentido contrario, tenemos los ejemplos de corrupción, de decadencia moral, de despotismo y abuso de poder de algunos de los doce césares biografiados por Suetonio. Sin embargo, tras más de dos siglos de ensayos, no siempre exitosos, la humanidad se inclina hoy a vivir en un sistema democrático (con todas las variantes que sabemos) por considerarlo el mejor o el menos malo de los regímenes políticos conocidos. Dos rasgos esenciales definen a la democracia: la aceptación del principio de que el poder reside originalmente en el pueblo y que es éste quien lo delega en los gobernantes para que lo ejerzan en su nombre y para su beneficio. Este primer principio implica necesariamente el derecho irrestricto del propio pueblo a elegir libremente a quienes considere dignos de ejercer el poder en su nombre. El segundo principio es que, tanto los gobernantes como los ciudadanos, deben regir su vida y su conducta de acuerdo con códigos y leyes previamente elaborados, discutidos y aceptados por todos los ciudadanos en capacidad de decidir. Cuando una de estas dos condiciones (o las dos) falta, o es violentada y transgredida por el gobierno, puede hablarse propiamente de dictadura. Hoy no hay duda de que se está violentando la ley por parte del gobierno; de que está pasando por encima de ella; de que está creando nuevas leyes y reglamentos claramente violatorios de la Constitución y opuestos a los conceptos elementales del Derecho; que está haciendo una aplicación parcial y selectiva de sus preceptos para perjudicar a los enemigos y favorecer a los amigos de la 4T; que, a pretexto de combatir la corrupción, algo que la gente exige y aplaude indudablemente, está usando dolosamente la ley para perseguir y encarcelar a los opositores mientras protege descaradamente, echando mano de los peores sofismas, a los corruptos al servicio del régimen; que la UIF de Santiago Nieto está convertida en un temible Tribunal del Santo Oficio que embarga cuentas y fabrica denuncias al por mayor contra cualquiera que disienta de la 4T y, a renglón seguido, promueve el linchamiento mediático de la víctima. El colmo de la arbitrariedad y de la manipulación dolosa de la ley es el intento de someter al voto popular el enjuiciamiento de los ex presidentes de la república, previamente juzgados y condenados desde el púlpito de las mañaneras. Por otra parte, el erario de la nación se está usando para organizar y controlar el voto de los sectores más necesitados; se está gastando dinero a porrillo en programas sociales como jóvenes construyendo el futuro, becas Benito Juárez y sembrando vida, acciones que, según INEGI y especialistas independientes, carecen de objetivos claros y de una normatividad precisa para su aplicación. Dinero a manos llenas en dádivas como tinacos, calentadores, despensas, cemento y fertilizante que reparten solo los candidatos y los promotores de Morena, una clara maniobra para comprar votos. El mismísimo Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) está, como señalan los especialistas, cargado a las obras faraónicas y los programas clientelares del presidente, mientras dejan sin recursos a la salud, la vivienda popular y los servicios básicos. Mención especial merece el despojo a estados y municipios que, gracias a eso, no podrán hacer nada para paliar la pobreza y las carencias de sus gobernados. Y junto con todo esto, se ataca y debilita a las instituciones electorales, ya de por sí desprestigiadas por sus anteriores errores y complicidades. En resumen: lo que todos vemos y vivimos es un intento por echar abajo el andamiaje legal que ordena y rige la vida democrática del país, por un lado; y por otro, el de forzar, distorsionar, manipular y corromper el derecho del pueblo a elegir libremente a sus servidores públicos. Estamos ante un ataque frontal al modelo democrático construido con la sangre del pueblo mexicano, sin su participación y sin su anuencia. Estamos pues, ante un amago de dictadura. Se ataca y persigue la libertad de prensa y de opinión. Varios periodistas reconocidos, como Pablo Hiriart, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo (Brozo), han perdido sus empleos (y alguno ha optado por el exilio), por la hostilización permanente y las amenazas de los chairos. En la semana recién pasada, sin embargo, ocurrió un hecho de la mayor gravedad. El director del Fondo de Cultura Económica, un reconocido escritor por cierto, salió a defender las medidas represivas contra dos conocidos intelectuales mexicanos, los historiadores, editores y politólogos Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Al final de su mordaz discurso les sugirió que se busquen otro país a la mayor brevedad posible. Esto rebasa cualquier límite que le queramos poner a la discrepancia ideológica, natural en esos ámbitos. Estamos frente a un acto de intolerancia que tiene historia y nombre, la quema de libros organizada por Goebbels como señal de arranque para la persecución, expulsión y quema de los judíos alemanes en los hornos crematorios de Hitler. ¿Otra vez el grito de Millán Astray contra Unamuno: ¡Muera la inteligencia!? Pero la dictadura avanza y ensaya nuevos caminos. El 9 de septiembre, por órdenes del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, personal de la Fiscalía del estado respaldado por un destacamento de policía bien armado, allanó la casa de la cultura en la colonia Balcones del Sur, el área de mayor pobreza y marginación en la capital. Ante el reclamo de los vecinos afectados, los empleados de la Fiscalía dijeron que tenían órdenes de montar una oficina de la propia Fiscalía en ese recinto. Al día siguiente, 10 de septiembre, un vehículo del Ejército con 40 elementos a bordo allanó la unidad deportiva en la misma colonia con el pretexto de que buscamos a un menor. La gente volvió a encararlos. Los militares se retiraron pero se apostaron en los alrededores en plan amenazante. Barbosa, pues, está buscando enfrentar al pueblo uniformado y armado con el pueblo oprimido y marginado; está tratando de provocar una masacre. Desde ahora y desde aquí hago responsable al gobernador Barbosa si semejante crimen llegase a materializarse. Y no es exceso de imaginación. El gobierno federal tomó con la fuerza armada la presa de La Boquilla, en Chihuahua. Los agricultores afectados y sus familias salieron a defender el agua, que es suya y significa la vida en esa desértica región, y vino, si no el choque frontal, sí una peligrosa fricción entre el pueblo y la fuerza armada. El saldo es una pareja baleada por la espalda, la esposa murió y el marido está grave. Y lo increíble en un gobierno racional es que la UIF de Santiago Nieto ya salió a congelar las cuentas (personales y del municipio) del presidente municipal de Delicias, del ex gobernador José Reyes Baeza y de varias personas e instituciones más, con las trilladas acusaciones que los antorchistas conocemos bien: operaciones con recursos de procedencia ilícita. Vea usted la credibilidad que merecen las acusaciones de la UIF. Vamos hacia una dictadura y no es la dictadura de Cincinato ni la dictadura del proletariado, porque aquí los trabajadores y el pueblo organizado no se ven por ninguna parte; y si acaso se les toma en cuenta, es para acusarlos de huachicoleros y lavadores de dinero para poder reprimirlos y encarcelarlos. Es la dictadura de una clase media (media y baja) llena de rencores, revanchismo y ambición de dinero y de poder, representada por un gobernante autoritario dispuesto a cumplir puntualmente los deseos e intereses de sus representados. Ante una dictadura impuesta por el engaño, la manipulación y la violencia, el pueblo tiene pleno derecho a protestar y exigir que le devuelvan sus derechos legales y democráticos para elegir libremente el tipo de gobierno que desea.

¡NOTICIAS EN CHINGA! EL CICLO ESCOLAR EN LÍNEA, 29 DE JULIO DE 2020

¡QUE INVESTIGUEN A BARBOSA! Por: Aquiles Córdova Morán El diario MILENIO, en su edición del 23 de abril de este año, dio la siguiente noticia: Denuncian a Anto...rcha Campesina ante FGR por corrupción y lavado de dinero, y a continuación: La Unidad de Inteligencia Financiera presentó las denuncias contra la organización, al detectar anomalías en las operaciones de 40 gasolineras que manejan en el país, así como cuentas millonarias de sus principales líderes. El día lunes 17 de este mes, a pregunta de reporteros que lo abordaron en Palacio Nacional, el director de la UIF afirmó que, en colaboración con las Fiscalías de Puebla y del Estado de México, había ordenado la congelación de las cuentas bancarias de 10 líderes de Antorcha Campesina, una organización que ha recibido dinero en efectivo de manera ilegítima. El día miércoles 19, en su mañanera en Querétaro, el Presidente de la República afirmó que, en efecto, había una investigación en contra de Antorcha y que pediría al Lic. Santiago Nieto que, sin violar el debido proceso, presentara a los medios los argumentos en que se apoya la decisión de congelar las cuentas de Antorcha. Ayer lunes 24 de agosto, se entregó a los medios un documento oficial de la UIF en el cual se ofrecen las razones que el Presidente prometió en su mañanera. Ante estos hechos, doy mi modesto punto de vista al respecto. Veo una contradicción evidente en el hecho de que se hable de una investigación en curso cuando el director de la UIF en persona aseveró, de manera implícita pero lógicamente indiscutible, que esta investigación, que venía incluso desde inicios de 2019, estaba concluida. De no ser así, no se entendería cómo pudo presentar la denuncia ante la FGR. No se trata de otras acusaciones ni de otras personas, pues los medios se han encargado de revelar que se trata de los mismos delitos y los mismos líderes de Antorcha Campesina mencionados el 23 de abril. Por tanto, se impone la pregunta: ¿por qué o para qué una nueva investigación? ¿Y por qué se recurre a la colaboración de las Fiscalías de Puebla y del Estado de México, cuando el asunto está ya en manos de la FGR? La segunda Fiscalía, por cierto, ha hecho saber que no tiene arte ni parte en el asunto, de modo que, por iniciativa propia o por órdenes superiores, el asunto se cocinó en la Fiscalía poblana. La lógica científica dice que cualquier contradicción descubierta invalida automáticamente el razonamiento o juicio completo que la contenga. En este caso, prueba la falsedad completa de la nueva investigación de la UIF. Desde el 23 de abril, varios medios afirmaron que la UIF sostuvo haber descubierto cuentas de algunos líderes antorchistas por cientos de millones de pesos. Esta misma afirmación ha vuelto a repetirse ante la congelación de esas y otras cuentas. El gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa, al negar que haya persecución política en contra de los antorchistas, aseguró que sus líderes se han hecho inmensamente ricos: cientos de millones de pesos, dijo, y ahí están las pruebas, ahí está la congelación de sus cuentas. Hagamos caso omiso de la tontería (o de la auto delación involuntaria) que implica presentar la sanción del delito como prueba de la culpabilidad del delincuente; lo que me interesa destacar es la reiteración de que las cuentas congeladas manejan cientos de millones de pesos. Resulta muy revelador que nadie (ni la UIF, curiosamente) se ha tomado la molestia de informar sobre el monto total de las 20 cuentas congeladas a 10 derechohabientes antorchistas. ¿Por qué? Pueden alegarse muchas razones, pero yo creo que se debe a que este dato pone al desnudo la escandalosa mentira de los cientos de millones de pesos. Doy el dato concreto: entre las 20 cuentas congeladas apenas suman poco más de 27 millones de pesos, es decir, un promedio de un millón y 350 mil pesos cada una, algo muy, pero muy alejado de los cientos de millones de que hablan la UIF y sus amplificadores mediáticos. El documento más reciente en el que la UIF da cifras que, tomadas a bulto, sin desagregarlas y sin el análisis correspondiente para desentrañar su consistencia o su falsedad (lo que resulta imposible para la opinión pública), resultan realmente escandalosas. Igualmente escandalosas son las afirmaciones de que algunas de esas cuentas ingresaron cientos de millones de pesos de origen ilícito y transacciones bancarias delictivas. Es muy claro que se busca el linchamiento mediático de los acusados, un delito que viola la secrecía de la investigación, la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, como lo prueba el hecho siguiente: en el documento de la UIF se evita cuidadosamente mencionar el nombre de Antorcha y el de los titulares de las cuentas congeladas, claramente para evitar la acusación de que violan la ley; pero, en cambio, sí aparecen esos nombres en los medios. ¿Quién se los proporcionó? ¿Quién los autorizó a violar el debido proceso? ¿No está claro el doble juego de la UIF y, por tanto, su propósito de linchamiento mediático? Las cifras millonarias que menciono fueron obtenidas sumando los recursos que entraron y salieron de las cuentas congeladas durante un período de diez años, de 2010 a 2019, pero se manejan como si hubieran ocurrido en uno, o a lo sumo, en varios meses de este año. Esta operación es totalmente arbitraria y sin sentido y no prueban absolutamente nada. Con semejante procedimiento, sumando las entradas y salidas de toda una vida, se puede probar que el micro negocio más insignificante, un bote de tamales por ejemplo, maneja en sus cuentas cientos de millones de pesos. Respecto a la recepción de cientos de millones ilegales por alguno de los dueños de las cuentas, o a la acusación general de Santiago Nieto de que Antorcha ha recibido dinero en efectivo de manera ilegal, afirmo que es una acusación totalmente gratuita que jamás podrán probar fehacientemente. Los antorchistas quedamos en espera del, o los videos en que alguno de nosotros aparezca recibiendo dinero ilícito, no importa si en sobres amarillos, portafolios o maletas, y le deseamos suerte a la UIF en sus pesquisas. También es falsa, en estricto sentido, la afirmación de que las cuentas pertenecen a líderes antorchistas. Con ello se insinúa que no justifican el origen del dinero que manejan. En realidad, son cuentas que registran los movimientos financieros normales de un negocio propiedad de Antorcha, registrado a nombre de los compañeros más honrados y confiables como un recurso seguro y expedito para legalizarlos y cumplir cabalmente con sus obligaciones hacendarias. No hay más. Y todo esto es del pleno conocimiento y aprobación de los miembros activos de toda la organización. También es falso que Antorcha tenga empresas fachada para dispersar recursos ilícitos y ocultar los millones mal habidos. Todas las empresas de antorcha existen realmente, funcionan con normalidad y tienen un domicilio conocido y debidamente registrado ante Hacienda. Todas pueden dar cuenta puntual de su proceso de formación y de sus movimientos financieros, lo cual, además, ya han venido haciendo muchos de ellos, requeridos o acosados por la autoridad correspondiente. Pero no nos engañemos. Hoy todos sabemos que lo que estamos viviendo en estos días (y lo que viviremos en los próximos meses), como el escándalo Lozoya, el llevado y traído avión presidencial y otros espectáculos menores, se explican por la proximidad de las elecciones intermedias y obedecen a la necesidad del partido en el poder de ganarlas a como dé lugar, incluso violando derechos elementales de ciudadanos y partidos enemigos de Morena, como ya estamos mirando. Es en este contexto en el que hay que entender las escandalosas y absurdas acusaciones contra el Movimiento Antorchista Nacional. Nosotros no somos ingenuos. Estamos conscientes de que la persecución en nuestra contra, como la de todos los imputados no morenistas en la declaración de Emilio Lozoya, llegará tan lejos como lo requieran el interés electoral y el miedo a la derrota del grupo gobernante. No nos creemos con la fuerza suficiente para desafiar al Leviatán que nos acusa y nos acosa, pero nos defenderemos. Nos defenderemos mientras haya un antorchista vivo, me atrevo a decir; por la vía legal y por la vía de la protesta pública, incluso desafiando al coronavirus si fuera necesario. Exigiremos que la justicia sea, por lo menos, pareja, mientras se mantenga en pie la actual Constitución y las leyes legalmente derivadas de ella. Llamamos una vez más a todos los agraviados por el sistema a que formemos un frente para la defensa colectiva de la ley y el Estado de derecho que todavía nos rigen. Y comenzamos por la casa. Los medios han hablado claro: cien mil dólares y la reubicación en la capital del país de un hermano suyo, empleado de PEMEX, fue el precio que Miguel Barbosa le puso a su compromiso de no oponerse a la aprobación de las Reformas Estructurales de Peña Nieto. Según MILENIO del 21 de los corrientes, Barbosa tiene una coartada para sacudirse la acusación: él votó en contra de la Reforma Energética. Pero da la casualidad que Lozoya no lo acusa de haber vendido su voto, sino su compromiso de no oponerse a la aprobación de dicha reforma. Parece que Barbosa cumplió remata el diario. Cuando comenzaba la pandemia y Barbosa declaró que a nosotros los pobres no nos ataca el coronavirus, los medios dijeron que este pobre era dueño de la mansión que fue del ex presidente Miguel de la Madrid, valuada en treinta millones de pesos y cuya propiedad omitió en su declaración patrimonial ¿Qué ha respondido Barbosa? Sobre la mansión, nada; sobre la imputación de Lozoya, el mismo MILENIO dijo el 20 de agosto que fue borrado (¿por quién?) de la declaración de Lozoya. Ni el silencio ni el haber sido borrado clandestinamente prueban la inocencia de Barbosa. Él mismo dijo que la acusación de Lozoya es la palabra de un delincuente que no merece, por tanto, ninguna credibilidad. Muy bien. Ahora nosotros exigimos que se investiguen a fondo las acusaciones en contra de Barbosa y que éste demuestre su inocencia ante los tribunales. Solo así sus acusaciones merecerán credibilidad, según su propio dicho. De lo contrario, tendremos pleno derecho, como él, a recusar como absolutamente carentes de valor las acusaciones de un delincuente.