Guerreros De Tierra Caliente

¿CORRUPCIÓN O CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA? Por: Aquiles Córdova Morán Según el Presidente López Obrador, en México la teoría de Marx sobre el valor y la plusval...ía no aplica porque aquí todos los males vienen de la corrupción de los gobiernos anteriores, que saquearon las arcas nacionales para beneficiar a sus amigos y a los magnates mexicanos (capitalismo de compadres le llama). Algunos politólogos y firmas encuestadoras creen que la repetición machacona de ese discurso es la causa de que se mantenga alta su aprobación popular a pesar de sus gravísimos errores y los pésimos resultados de su gobierno en materias tan sensibles como la seguridad pública, la salud, la educación y la crisis económica, que ha provocado el cierre de miles de empresas y el despido de millones de jefes y jefas de familia. Piensan que la gente de menores ingresos y ya sin posibilidad de trabajar, las más necesitadas de la ayuda gubernamental que reciben y que, además, se informan poco y mal sobre la situación del país, se identifica con ese discurso y, por eso, su apoyo se mantiene inconmovible. Me parece muy probable que sea así, porque la gente que vive de su trabajo o de la venta de su fuerza de trabajo, solo maneja cosas visibles y tangibles, objetos materiales a lo largo de toda su vida. Son contadas las ocasiones en que puede o debe generalizar su experiencia llevándola al plano de lo general, al terreno de las verdades o los principios abstractos. Por eso, cuando el Presidente le muestra la corrupción materializada en la lujosa residencia de Los Pinos, en el avión presidencial o en personas con nombre y apellido, rápidamente capta el mensaje, lo cree y hace suya la idea de que tiene ante los ojos a los causantes y la causa de su desgracia. Y no interroga más; no se pregunta, por ejemplo, cuál es el origen de esa riqueza ni cómo pudo llegar a donde está. Otra cosa son quienes le dicen que la corrupción explica todos los males de la nación y que esa lacra solo ocurre en México. Ellos sí saben (o deberían saber) que están ocultando la parte mayor y más importante del problema social que critican y que, con ello, inducen a error a la gente y bloquean el camino a la verdadera solución del mismo. Creo que lo primero que hay que pedirle al Presidente es que defina con toda precisión qué entiende por corrupción, porque el manejo de conceptos imprecisos o mal definidos sirven más para atacar e insultar a los enemigos que para expresar con rigor una verdad científica. Quienes escuchan con atención las mañaneras, se habrán dado cuenta de que el Presidente usa el término corrupto como sinónimo de peculado o concusión, palabras que el diccionario define como hurto de caudales del erario cometido por el que los administra. Por tanto, el calificativo solo se aplica correctamente a los funcionarios de un gobiernos cualquiera, pero no cuando se aplica a quienes piden mordida en los cruceros y sus jefes concentradores del dinero; a los que cobran por un servicio que debe ser gratuito; a quienes exigen una mochada por resolver favorablemente una solicitud o por asignar un contrato con inversión pública, que son las formas que más sufre y más irrita a la gente común. A ellos no se les puede llamar corruptos porque no hurtan dinero del erario. Por tanto el adjetivo resulta corto para el fenómeno que pretende explicar y, por tanto, resulta falso en un buen número de casos. El Presidente también califica como corruptos a los empresarios mexicanos (y a algunos extranjeros) por haber amasado sus fortunasdiceal amparo de los corruptos gobiernos anteriores. Contratos sin licitación o con licitaciones a modo; permisos indebidos; concesiones para la explotación de minas; venta a precio de regalo de activos nacionales; exención y devolución de impuestos e incluso inyección directa de recursos públicos como el caso FOBAPROA, son algunos de esos favores ilícitos. Sin embargo, suponiendo que eso sea cierto, esos empresarios tampoco caen dentro del concepto de corruptos, simplemente porque tampoco administran dinero público. Y no es cierto que eso ocurra solo en México ni que solo aquí exista el capitalismo de compadres. En tal juicio se pone de manifiesto la falta de entendimiento profundo de cómo funciona realmente el sistema capitalista mundial, del cual México forma parte integrante, y del estado democrático engendrado por ese capitalismo. Si el Presidente se ubicara mejor en estos temas, vería que en el fondo de todo está la organización de la sociedad en torno a y al servicio de la empresa privada, de la producción de mercancías y de la obtención, mediante su venta, de la máxima ganancia del capital; que el delito de los corruptos consiste en repartirse una parte pequeña de la riqueza social sin haberla devengado, pero que, más allá de la formas, todos hacen lo mismo: acumulan riqueza, legal o ilegalmente, porque la organización social está diseñada para eso. Se daría cuenta de lo pueril que resulta querer encarcelar a todos los corruptos, es decir, al sistema entero, o reformarlo mediante una cartilla moral. No se trata de un problema subjetivo, del mal comportamiento de los individuos, sino de un problema estructural inherente a las sociedades con economías de mercado. Según la teoría de la productividad marginal, en una economía donde el mercado funcione correctamente, cada ciudadano recibe un beneficio equivalente a su aporte personal a la riqueza social. La acumulación excesiva y la desigualdad que genera son, según esta teoría, el resultado y un indicador seguro de que los mercados están funcionando mal y de que el Estado no está cumpliendo su función reguladora. Esto es lo que López Obrador llama corrupción gubernamental y capitalismo de compadres. Joseph Stiglitz, uno de los mejores economistas del capital, dice: Gran parte de la desigualdad que existe hoy en día es una consecuencia de las políticas de gobierno, tanto por lo que hace el gobierno como por lo que no hace. (El Precio de la desigualdad, p. 75). Sigue Stiglitz: aunque es más frecuente y más fácil de hacer en los países subdesarrollados ricos en recursos naturales, también en los países más desarrollados y con economías modernas la búsqueda de renta asume muchas formas, algunas de las cuáles son muy similares a las de los países ricos en petróleo: conseguir activos estatales (como petróleo o minerales) por debajo del precio justo de mercado. No es difícil hacerse rico cuando el gobierno le vende a uno por 500 millones de dólares una mina que vale 1,000 millones. Otra forma de buscar rentas consiste justamente en lo contrario: venderle al gobierno productos por encima de los precios de mercado. Las compañías farmacéuticas y los contratistas militares destacan en esta modalidad de búsqueda de rentas. Las subvenciones públicas del gobierno (como las destinadas a la agricultura), o las subvenciones ocultas (restricciones al comercio que reducen la competencia, o las subvenciones ocultas en el sistema tributario) son distintas formas de obtener rentas del público (op.cit. p. 87). Aquí tenemos, reproducido hasta en sus detalles mínimos, el capitalismo de compadres que López Obrador considera exclusivo de México y que, según él, es otra forma de la corrupción. No se trata de eso exactamente, sino de un desajuste del mercado que consiste en que los de arriba reciben un beneficio mayor a la riqueza que aportan a la sociedad, ayudados por la omisión o comisión de los gobiernos respectivos. El remedio, por tanto, no es la cárcel, sino la correcta y oportuna intervención del Estado para volver a establecer la justa proporción entre lo que dan y reciben los privilegiados. Dicho en otras palabras, se trata de instrumentar políticas públicas de reparto equitativo de la riqueza social, que es lo que viene proponiendo desde hace cuarenta años el Antorchismo Nacional. Y el gobierno mexicano dispone de todas las herramientas legales para hacerlo; sólo falta entender bien el problema y tener la firme voluntad de resolverlo a favor de los que menos tienen. La corrupción es, siempre y en todas partes, desplazamiento, redistribución ilegítima de la riqueza previamente creada, nunca, por ningún lado se ve que la corrupción reparta o redistribuya riqueza creada por ella misma. Para que exista corrupción tiene que haber primero riqueza. La mordida y el moche trasladan riqueza del bolsillo de los ciudadanos a los del policía y del funcionario corruptos; el peculado traslada dinero del erario, de los impuestos pagados por los ciudadanos, a manos de los funcionarios que lo hurtan; las ayudas de los gobiernos a la empresa privada para engordar sus rentas, reparte empresas nacionales que ya existían, recursos naturales que existían miles de años antes o formas virtuales de extraer rentas del público para entregarlas a los buscadores de rentas. La corrupción, pues, no es una variable independiente sino derivada de la preexistencia y acumulación de la riqueza creada por los obreros en las fábricas del capitalista y por los campesinos. Nace de la exagerada e irracional concentración de la riqueza así producida en unas cuantas manos, mientras la inmensa mayoría de la población apenas tiene lo indispensable para no morir de inanición. De aquí, y del afán de acumulación y de lucro que el sistema mismo inocula en el alma de todos, nace la tentación de abusar del cargo o del prójimo para hacerse rico a como dé lugar, para igualarse con los millonetas, que son modelo de éxito y de ciudadano en el mundo del capital. El remedio está a la vista: reparto equitativo de la renta nacional, o como dice Stiglitz, hacer funcionar correctamente la productividad marginal. No lucha anticorrupción, que es luchar contra molinos de viento, sino por la redistribución de la riqueza social en bien de todos. Quienes nos proponemos esto, estamos en desventaja frente a la explicación fácilmente entendible de AMLO por el espíritu práctico de las masas que ya dije. Pero a pesar de eso, la verdad está de nuestro lado y se la debemos decir a la gente ahora, aunque no nos crea. Al final de este sexenio, la vida le habrá enseñado que el combate a la corrupción solo trae más pobreza y desigualdad para ella. Y entonces verá clara como la luz la verdad que ahora se le hace difícil captar. Ese será el momento de iniciar un nuevo rumbo, mejor para todos.

¿NO PODRÍAMOS DEFENDER LA LEY Y EL ESTADO DE DERECHO UNIFICADA Y CONSECUENTEMENTE? Por: Aquiles Córdova Morán La persecución política en México, haciendo un us...o pervertido y faccioso de la ley, se está volviendo una práctica de gobierno cada vez más extendida y desembozada. Todos los ciudadanos mexicanos no afectos a la 4 T o, peor aún, opositores declarados de la misma, estamos en un peligro inminente de ir a parar con nuestros huesos a una mazmorra, acusados de delitos prefabricados y graves que ameriten muchos años de cárcel. Los diputados morenistas al Congreso de la Unión, cuyo sometimiento irrestricto a la voluntad del Ejecutivo es algo que ellos mismos pregonan a voz en cuello como timbre de orgullo, han aprobado leyes que contradicen abiertamente la Constitución General de la República y son claramente violatorias de varios derechos fundamentales de los ciudadanos. La cosa es tan seria que, según algunos medios y articulistas de reconocida solvencia moral e intelectual, esas leyes han dado lugar a varias controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y miles de amparos interpuestos por ciudadanos que se sienten vulnerados en sus derechos. Esos recursos están en poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá decir la última palabra al respecto. Sin embargo, quienes tenemos conciencia del peligro, no debemos sentarnos a esperar simplemente. Creo que es momento ya de unificar a todos los perjudicados, ofendidos y atropellados por el autoritarismo y las políticas desacertadas de la 4 T, para iniciar una lucha conjunta en defensa de la ley y del Estado de derecho y para demandar, además, acciones eficaces contra las tres grandes plagas del momento: el desastre económico, el descontrol absoluto de la pandemia y la inseguridad rampante que amenaza la vida y la seguridad de todos. Es urgente denunciar la manipulación que se esconde tras el supuesto combate a la corrupción; explicarle al pueblo cómo, detrás de esta bandera legítima, se oculta una auténtica cacería de brujas en contra de los opositores más representativos del régimen actual; en contra de aquellos de los que recela una competencia real y peligrosa para su propósito de retener todo el poder en las elecciones del 2021. Hacerle notar qué significa haber llegado al grado de que, para conseguir la imputación directa a las cabezas que realmente interesan a la 4 T, estemos recurriendo a la nefasta práctica de la justicia yanqui del testigo protegido y del testigo colaborador, que no son más que eufemismos para no llamarlos testigos de paga, testigos comprados que, naturalmente, pueden servir para cualquier cosa, menos para dar certeza jurídica a un acusado. Alguien con la soga al cuello es capaz de inculpar al Santo Papa, si se le garantiza con ello su propio pellejo. Juntémonos todas las víctimas de la 4 T, los reales y las potenciales; hagamos de los miles de arroyos aislados un solo y poderoso torrente que se haga escuchar por el país entero. Convoquemos, por ejemplo, a todos los que se quedaron sin apoyo con la desaparición de Prospera, Progresa y programas similares; a los que se quedaron sin el seguro popular, es decir, sin ningún apoyo médico; a quienes perdieron las guarderías infantiles y los comedores comunitarios; a los pueblos y comunidades sin obra pública; a los ayuntamientos sin participaciones; a los campesinos que dejaron de recibir fertilizante subsidiado; a las mujeres víctimas de violencia familiar que perdieron los albergues; a las feministas; a los padres y madres de niños con cáncer; a los diabéticos que perdieron de pronto medicina y diálisis gratuitas; a los infectados con VIH que carecen de retrovirales; a médicos, médicas y trabajadores de la salud en general, sin protección adecuada y sin recursos para curar a los enfermos graves de Covid-19. Suma y sigue: a quienes perdieron el empleo y todo o una parte significativa de su ingreso; a las micro, medianas y pequeñas empresas que están cerrando por falta de apoyo gubernamental; a quienes se sienten amenazados por la ley de extinción de dominio; a los empresarios amenazados de ser tratados como miembros del crimen organizado por un error en la tributación; a quienes ya se ven tras las rejas por el abuso de la prisión preventiva oficiosa; a los maestros y maestras sin plaza y con legítimo derecho a ella, a los abogados amenazados y perseguidos por ejercer su oficio en defensa de enemigos del gobierno; a quienes se les ha obligado a ganar menos que el presidente o a quienes han sufrido severos recortes a su salario; a quienes buscan en vano justicia y protección contra el crimen organizado; a los obreros que reclaman mejores salarios, prestaciones y verdadera libertad sindical, y no solo cambio del charro en turno. Y agréguele usted los que tenga en mente. Especial importancia merecen los medios y los periodistas injuriados y amenazados por sus críticas a la 4 T. También a ellos los debemos convocar a la unidad nacional por la justicia y la ley. Ellos saben mejor cuánto se está agudizando y poniendo en evidencia la represión y la persecución política ante la proximidad de las elecciones de 2021; saben que los morenistas tienen miedo de perder el poder por culpa de sus terribles errores, y por eso están echando mano de todo tipo de distractores y del terrorismo político para distraer la atención del público. Circo en abundancia, pero en lugar de pan, garrote vil. Hay que golpear con mano firme a los enemigos para someterlos o refundirlos en la cárcel de una vez por todas. El pretexto del combate a la corrupción es muy eficaz y difícil de desenmascarar. Es eficaz porque el pueblo odia la corrupción y aplaude el castigo severo a los corruptos; y es difícil de desenmascarar porque nadie defiende a un acusado de corrupción, aunque lo sepa inocente, por temor a que lo acusen de cómplice. Así, todos contribuimos con nuestro silencio al éxito de la maniobra oficial. Y esto es particularmente relevante en el caso de los medios. Me llama la atención la facilidad con que caen en contradicciones obvias de las que parecen no darse cuenta. Por ejemplo, son ellos los que denuncian el carácter ilegal de las llamadas filtraciones porque, dicen, viola la secrecía de la investigación y lesiona gravemente el derecho al debido proceso. La filtración incita intencionalmente el linchamiento público del acusado para condenarlo antes que la ley, e impide a los jueces, por eso, dictar libremente la sentencia que a su juicio corresponda. Resulta difícil y peligroso, en tiempos de dictadura, contradecir el veredicto popular. Todo esto es absolutamente cierto, y por eso sorprende más que sean esos mismos medios los que se apresuren a recoger y a difundir diligentemente la filtración, que saben que es siempre ilegal aunque sea cierta. ¿Tanta es la ambición por ganar la primicia o las ocho columnas? ¿No sería esperable, por elemental sindéresis, que él o los medios que reciben la filtración se negaran a publicarla en tanto no dé la cara el responsable de la misma? La segunda contradicción que registro es que, estando claros los medios y los buenos periodistas del terrible e irreparable daño (moral, material y social) que causa el linchamiento mediático, no se den cuenta (o finjan no darse cuenta) de que son ellos los que, al difundir alegremente las filtraciones, ponen en manos del público, ávido de castigo a los perpetradores de delitos particularmente odiosos, las armas indispensables para el linchamiento moral del imputado. Parecen rechazar simplemente su responsabilidad; pero ese rechazo no es suficiente para librarlos de culpa. La tercera contradicción es la afición casi deportiva de muchos columnistas a completar con sus propias acusaciones las contenidas en la filtración; es decir, su gusto por reforzarla sumándole sus propias aportaciones y sellar con ello la suerte del acusado. Y lo más sorprendente es que ellos tampoco aportan pruebas fehacientes (salvo casos raros en que citan documentos o fuentes verificables) de sus dichos. En no pocas ocasiones, además, son los mismos medios y columnistas los que se responsabilizan de la acusación. Con igual frescura e insensibilidad que el gobierno, se arrogan el papel de fiscal, juez y verdugo con el único respaldo de una fuente de muy alto nivel, personas muy cercanas a tal o cual funcionario o testigos confiables que pidieron el anonimato. Eso, como lo entiende cualquiera, no demuestra absolutamente nada. La cuarta y última contradicción es la dureza, la frialdad y la total falta de humanismo que muestran medios y periodistas ante el trato brutal a un acusado. No parecen conmoverse por nada; no parecen preocuparse porque un delincuente, un ser humano, al fin y al cabo, sea maltratado como una bestia inmunda. Los periodistas parecen incapaces de meterse, siquiera por un segundo, en el pellejo de la víctima, o de imaginar que algún día ellos mismos pueden hallarse en una situación parecida. Una deshumanización que procede del sentimiento de invulnerabilidad que les garantizan los poderes públicos para tenerlos de su lado. De ahí su debilidad para ejercer la crítica profunda y consecuente del régimen establecido. Medios y periodistas actúan como modernas Penélopes: en un día destejen lo que han tejido antes con trabajo y esfuerzo. Su correcta y puntual denuncia de los vicios y los abusos de poder queda anulada con la difusión que hacen de las filtraciones ilegales; con las acusaciones sin pruebas que añaden a las del gobierno; y cuando se ponen a gritar a coro con el público asistente al circo: ¡sangre, queremos sangre! de condenados. Y yo me pregunto: ¿qué pasaría si lográsemos unirnos todos los hombres y mujeres buenos de este país con los medios y periodistas más poderosos e influyentes en defensa de la ley, el derecho y la justicia? ¿Qué maravilla de país seríamos capaces de construir entre todos? ¿Un sueño de tontos?

NEOLIBERALISMO Y GLOBALIZACIÓN Por: Aquiles Córdova Morán Como bien se sabe, la economía capitalista (la norteamericana para ser precisos) se vio obligada a int...roducir cambios significativos en su modo de operar a raíz de la terminación de la Primera Guerra Mundial. Dos fueron las razones fundamentales: el llamado Crack del 29 y la revolución rusa encabezada por Lenin y su partido. La gran crisis económica que estalló en 1929, provocó severos problemas a la economía norteamericana, entre ellos una gran inflación y el despido masivo de miles de trabajadores que se quedaron en la calle de la noche a la mañana. El desempleo masivo, agravado por la elevación de los precios de los satisfactores básicos, provocó que masas populares que crecían a cada hora voltearan hacia el socialismo soviético en busca de una salida a sus lacerantes carencias y, en consecuencia, que se declararan simpatizantes del socialismo que enarbolaban los bolcheviques. Había que hacer algo, y rápido, para prevenir el incendio que se veía venir y, por supuesto, para combatir la profunda crisis en que se hallaba sumida la economía. Fue así, y fue por eso, que el presidente Franklin D. Roosevelt, apenas asumió la presidencia de los Estados Unidos en 1933, lanzó su famosa política del New Deal. Esa política, además de tomar medidas anticrisis como reforzar el proteccionismo económico para proteger a las empresas nacionales y evitar su quiebra y mayores despidos, también buscó paliar el desempleo y la pobreza de las grandes masas trabajadoras. Se crearon programas de empleo temporal como el conocido WPA, a través del cual, además, se repartían generosas dotaciones gratuitas de alimentos y otros productos de primera necesidad. Pero, al mismo tiempo, se implantaron medidas más serias y permanentes, como el seguro médico, el seguro social, la educación gratuita, la vivienda popular, las pensiones de jubilación y otras semejantes, con lo cual se reforzó el exiguo salario de los trabajadores. Lo más significativo en materia laboral, sin embargo, fue quizá la política sindical. El presidente Roosevelt no solo permitió la organización gremial de los obreros, sino que la alentó declarando el reconocimiento legal de la misma y la plena disposición de su gobierno a negociar y a pactar con sus líderes. Esto se tradujo, naturalmente, en una mejora sustancial y continua de las condiciones de trabajo en las fábricas: ambiente sano, ropa de trabajo adecuada, seguridad en el empleo, atención oportuna y de calidad para las enfermedades y accidentes laborales y, por encima de todo, en una mejora sostenida de los salarios y prestaciones. El resultado final fue un reparto equitativo y equilibrado de la renta nacional, causa de la grandeza de la nación en aquellos años, según la opinión de varios economistas destacados. Esta política se mantuvo, bajo distintos nombres y con no pocos cambios y ajustes, hasta la llegada al poder de Ronald Reagan, en Estados Unidos, y Margaret Thatcher, en la Gran Bretaña. En ese momento se conjuntaron, otra vez, dos factores que permitían y exigían un giro de la política del estado de bienestar hacia un neoliberalismo descarnado, que es el que hoy estamos viviendo. El primero de esos hechos consistió en que los grandes capitales monopólicos que dominaban y dominan la economía mundial, se quejaban de una muy insuficiente tasa de ganancia que, además, mostraba una clara tendencia a la baja, lo cual, según ellos, ponía en riesgo la continuidad del sistema. El segundo hecho fue que todos los aparatos de inteligencia de las potencias occidentales coincidían en diagnosticar, como inevitable y muy próximo, el derrumbe estrepitoso del sistema socialista euroasiático, encabezado por la URSS. Según los líderes del capital, la causa de sus bajas utilidades era, precisamente, la política del estado de bienestar, es decir, los elevados salarios y prestaciones de los trabajadores, situación que amenazaba no solo con eternizarse, sino incluso con acentuarse ante la capacidad de presión de los sindicatos, protegida por las leyes en la materia. Por otra parte, el peligro de un giro de la opinión hacia el socialismo, que en época de Roosevelt fue determinante para su política del New Deal, podía descartarse con toda seguridad, tanto por los estragos a su prestigio causados por la guerra fría, como por su incapacidad intrínseca para proporcionar bienestar a las masas. Era hora de desechar prejuicios y temores sin base y volver al origen del éxito de la economía del capital: dejar todo en manos del mercado y de sus leyes inmanentes, para que su mano invisible se encargara de la producción y la distribución de la riqueza, sin interferencias perturbadoras del poder del Estado. En síntesis, volver al laissez faire, laissez passer. Así se hizo; y el resultado es la brutal concentración de la riqueza y el incontenible crecimiento de la pobreza que todos vemos hoy y que, ahora sí, ponen en riesgo la continuidad del sistema. Muchas cosas que vemos en nuestros días (y otras más que no vemos) y que se nos venden como logros y progresos hacia el bienestar de todos, tienen en realidad el mismo origen y el mismo propósito: reimplantar a rajatabla el laissez faire, el fundamentalismo de mercado, descargando al Estado de su obligación de intervenir oportuna y mesuradamente para corregir los errores y desviaciones que puedan perjudicar a los más débiles, y reduciendo su papel al de simple garante del buen funcionamiento de la libre empresa y de sus altas tasas de ganancia. Políticas implantadas a fortiori, como el equilibrio del gasto público y cero endeudamiento, sin medir su impacto sobre el crecimiento económico, la recaudación fiscal y el empleo; la rigurosa contención de la inflación, para evitar perturbar los cálculos empresariales y bancarios; la autonomía de la banca central, que arranca de manos de los gobiernos las decisiones fundamentales de política monetaria y de crédito; la flexibilidad laboral, que deja a los obreros indefensos ante el capital; la práctica extinción del derecho de huelga e incluso de los mismos sindicatos, son todas maniobras complejas para beneficiar un neoliberalismo ajeno a todo compromiso social y volcado enteramente al capital privado. Pero hay más. Muchos hablan de globalización y de libre mercado como si fueran sinónimos. Es un grave error. El libre mercado viene de muy atrás; fue iniciado y propugnado por Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XIX, para poder dar salida a un excedente económico creciente que amenazaba con ahogar su economía. En la actualidad, con la gran diversidad de mercancías producidas que arrastra tras de sí las propias necesidades y deseos humanos, el comercio mundial libre es, ciertamente, una necesidad universal. Ningún país puede alcanzar la autosuficiencia absoluta; todos tienen necesidad de comprar y vender algo en el mercado mundial para poder funcionar. La globalización, en cambio, es otra cosa. La teoría de la globalización, acabada y redondeada hasta en sus mínimos detalles, es un fruto envenenado del neoliberalismo rampante. A este le resulta indispensable para barrer por completo, no las defensas arancelarias y legales de un país, como el libre mercado, sino cualquier obstáculo que se oponga a los intereses de los grandes monopolios y trusts industriales y bancarios. El neoliberalismo exige una clase trabajadora sumisa y sin derechos de antigüedad o de inamovilidad en el empleo; con cero prestaciones o lo más mezquinas que se pueda, con salarios congelados o cuya mejora esté plenamente sometida a las altas tasas de ganancias. Este enfoque lleva en su entraña, aunque pocos lo noten, la idea de que el Estado nacional, con sus políticas particulares propias, es decir, ajenas al interés neoliberal, es un obstáculo que debe ser suprimido en favor de un Gobierno mundial en manos del gran capital, para asegurar sus inmensos intereses comerciales y financieros. Un gobierno nacional (y peor aún, nacionalista) que busque aplicar una política de protección sindical y salarial, desarrollar la vivienda popular, la educación gratuita y masiva, la medicina para todos, la ciencia y la investigación nacionales, etc., es un peligro y, por lo tanto, un enemigo a vencer para los neoliberales. Todos los tratados internacionales que limitan, o de plano eliminan las facultades decisorias de los gobiernos nacionales sobre cuestiones tales como el modelo económico a aplicar, la ecología, las finanzas y la política fiscal, los derechos humanos, las leyes y su aplicación o la democracia interna, están socavando, disimulada pero eficazmente, la existencia del Estado nacional para poner todo eso en manos de tribunales y organismos internacionales totalmente ajenos a las carencias, necesidades y deseos de los pueblos. Globalización es, pues, entre otras cosas, guerra al nacionalismo y al Estado nacional. El sistema neoliberal que hoy nos domina es, así, una inmensa y tupida red universal de poderes fácticos económicos, políticos y militares, mucho más poderosa que cualquier país aislado, incluidos los más ricos y desarrollados; una red teórica y militarmente fundada y defendida por miles de deshumanizados Think Tanks, bien preparados y entrenados para ello. Ellos lo controlan y supervisan todo en cada rincón del planeta, y no permiten ni autorizan nada que no abone en favor de sus intereses. Esto incluye, por supuesto, tratados como el T-MEC o negocios frustrados como el NAIM de Texcoco. Desafiar por ignorancia o arrogancia a este poder, sin tomar las debidas precauciones, puede acarrear consecuencias devastadoras para un país como el nuestro. Y ahí está Venezuela para probarlo. Nuestra declaración de abolición del neoliberalismo mexicano desde Palacio Nacional, mientras suplicamos por la aprobación del T-MEC o por la no aplicación de aranceles a nuestros productos, además de una contradicción flagrante debe parecerles, por ahora, a estos grandes genios del poder y la maldad, si no un dislate, sí al menos una conmovedora ingenuidad. ¿O no?