Movimiento Antorchista Rioverde

IX Concurso Nacional de Voces

Peligroso doble juego de López Obrador Lenin Campos Córdova En 2010, los Jefes de Estado acordaron, en principio, crear una unión integrada por países latinoame...ricanos -es decir, sin EEUU ni Canadá- para que pudiera discutir con entera libertad los problemas comunes a todos ellos y sus posibles soluciones. Su formalización definitiva tuvo lugar en diciembre de 2011 en la Cumbre de Caracas, Venezuela, donde se planteó la necesidad de que América Latina contara con voz y opinión propias sobre los problemas de nuestro continente y el mundo, ya que la Organización de Estados Americanos (OEA) jamás había cumplido cabalmente su cometido porque, desde su origen, se puso al servicio de la explotación, intromisión, despojo y saqueo de los norteamericanos. Era urgente pues, reemplazarla por una organización realmente representativa de los países de América latina, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) podía y debía ser ese organismo. Los principales promotores de esta idea fueron los ex presidentes de Venezuela y de Bolivia, Hugo Chávez y Evo Morales, respectivamente, pero se acordó solamente que la CELAC fuera un foro de discusión colectiva de los problemas comunes de sus países miembros. La Sexta Cumbre de la CELAC se realizó la semana pasada en México y resultó un rotundo fracaso porque el intento obradorista de lograr la unidad solidaria de América Latina para uncirla a los EEUU, a cambio de un New Deal, fracasó estrepitosamente porque el horno no está para bollos. La visión geopolítica de López Obrador exhibió los mismos defectos de todos sus rollos mañaneros, fue superficial, contradictorio, falso en muchos puntos, y por tanto utópico, es decir, imposible de llevarse a la práctica. En los hechos, por orden de EEUU, Obrador tiene nuestra frontera sur convertida en un frente de guerra contra los migrantes; nuestra economía es la más dependiente de Norteamérica, con más del 80% de nuestras exportaciones hacia allá; somos el único país latinoamericano con un tratado de libre comercio con EEUU, que es el tractor de nuestra economía, y recientemente, en el diálogo económico de alto nivel celebrado en Washington, México se comprometió a estrechar más los lazos económicos y comerciales con el Norte, y a integrarse más en las cadenas de valor de ese país, en sustitución de China, por lo cual su discurso resultó toda una hipocresía. Todo el mundo sabe que la nueva geopolítica norteamericana desplaza el foco de atención de Europa hacia el Lejano Oriente para crear una mega alianza militar contra China, al mismo tiempo que aleja de sus fronteras el peligro de algún estallido social. América latina, en estas condiciones, cobra singular importancia como patio de maniobras y como reserva estratégica de hombres y recursos para Estados Unidos. Para asegurar eso, se necesita una nueva OEA, y México resulta el peón ideal para crearla y manipularla. El peligro está en el doble juego del presidente: hacia el Sur, ocupar de cebo para sus lambisconerías con el imperio estadounidense a países socialistas latinoamericanos, que tienen todo el derecho de ser respetados; hacia el Norte, el estridente ataque verbal y los acuerdos bajo la mesa, también con el imperialismo norteamericano, que pueden encerrar una trampa fatal para nuestro futuro como país independiente; y este peligro, solo puede conjurarlo el pueblo educado y organizado. Vale. San Luis Potosí, SLP, 28 septiembre 2021

LA VERDAD SOBRE EL CAMPO VS EL DISCURSO DEL PRESIDENTE Por: Aquiles Córdova Morán El presidente López Obrador ha sacado del desván de los trastos viejos su sob...ado discurso sobre los moches y la supresión de esa práctica corrupta a cambio de la entrega directa, sin intermediarios, de las ayudas de su gobierno a las familias más necesitadas. Las fechas y las formas hablan de una maniobra calculada para deslegitimar anticipadamente una posible protesta de los antorchistas por la próxima discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2022, por la Cámara de Diputados, y para reconquistar el voto de los campesinos. Le urgen para mantenerse en la silla. Pero esa deslavada retórica se estrella frontalmente contra la dura realidad del campo mexicano. Se calcula que son millones de hectáreas de tierra laborable las que han quedado yermas debido a que sus propietarios o poseedores han tenido que emigrar a otros estados del país o a Estados Unidos, en busca de un mejor empleo y mayores ingresos. Las causas de este desplazamiento son numerosas y variadas, pero hay dos que se destacan: a) el incremento de la actividad del crimen organizado, que despoja a los productores de su propiedad o de su cosecha mediante grupos de sicarios fuertemente armados, y que trata de enrolar, también por la fuerza, a la gente joven de las comunidades; b) el insuficiente apoyo oficial a la actividad productiva del campo, agravado por el excesivo y complejo papeleo requerido para acceder a esos recursos o a los créditos blandos de la banca de desarrollo. Según el INEGI, en México hay 9.3 millones de predios rurales, que abarcan una superficie total de 190.3 millones de hectáreas. De este total, el 69% se dedica a la agricultura, el 11% a la ganadería y el resto son bosques o terreno cerril. Del total destinado al cultivo, 51.56%, es decir, poco más de la mitad, son minifundios de entre media y dos hectáreas; el 21.87% son parcelas de entre 2 y 5 hectáreas; el 18.75% parcelas entre 5 y 20 hectáreas y los propietarios superficies mayores a 20 hectáreas son, apenas, el 5.82%. Esto quiere decir que el campo mexicano está integrado esencialmente por minifundios que producen para el autoconsumo. Ahora bien, el discurso oficial habla de un apoyo a la producción agropecuaria mayor que nunca; pero el presupuesto de la Secretaría respectiva ha sufrido una contracción muy significativa en los tres años del actual gobierno. En 2018, último año del gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) dispuso de un presupuesto de 76 mil 476 millones de pesos; en 2019, primer año de la 4T, esa Secretaría, rebautizada como Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) contó con 65 mil 434 millones de pesos, 14.4% menos que el del año anterior; en 2020, cayó a 46 mil 253 millones, 29.3% menos que en 2019, y en 2021 dispuso de 49 mil 291 millones, un ligero aumento pero muy lejano todavía al último año de Peña Nieto. ¿Es verdad, entonces, que hoy el campo recibe apoyo como nunca? La SADER dice que el dinero se dispersó así: 1 mil 600 pesos por hectárea para los productores de granos en pequeña escala (minifundistas); mil pesos por hectárea para los de escala media; 5 mil pesos para cada productor de café de pequeña y mediana escala y 7 mil pesos para productores de caña de azúcar. Quedan claras dos cosas: primera, que las cuotas por productor son, en todos los casos, totalmente insuficientes para el buen cultivo de las parcelas, dejando a un lado las necesidades personales del productor y su familia; segunda, que se deja fuera al sector más vulnerable, a los jornaleros agrícolas, la mayoría de los cuales no posee tierra y, por tanto, no pueden recibir la ayuda oficial. El investigador sobre agricultura sustentable de la Universidad Autónoma de Chapingo, Gerardo Noriega Altamirano dice: en el medio rural del país hay cuatro grandes grupos sociales: los campesinos de subsistencia, que disponen de minifundios, cuyo rezago educativo y tecnológico es enorme y producen apenas para comer. Otro sector es el integrado por jornaleros, quienes carecen de tierra, venden su fuerza de trabajo y se mueven de un lugar a otro; el tercero es el de los pequeños propietarios, quienes tienen más acceso a la educación, a los recursos naturales de suelo y agua y producen más de lo que consumen, es decir, venden parte de su producción. El cuarto grupo es el más reducido y está conformado por los empresarios agrícolas del norte, noroeste y occidente y produce para la exportación. Según Noriega, el insuficiente presupuesto al campo está afectando a los 4 grupos sociales (las negritas son mías, ACM), aunque no por igual. Los más perjudicados son los minifundistas y los jornaleros. Las carencias mayores -dice- se reflejan en los índices de pobreza de estados como Guerrero, donde () no hay opciones de empleo, razón por la que gente, sobre todo de La Montaña, al terminar el ciclo agrícola, sale de sus pueblos rumbo a Sinaloa, Baja California u otras entidades. El Colegio de la Frontera Norte afirma que Tan solo el año pasado, en plena pandemia de Covid-19, unos 200 mil jornaleros abandonaron sus comunidades y pueblos de origen para trabajar en las grandes estancias agropecuarias de los estados norteños y del noroeste del país. El 80.5% de ellos laboró en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Es decir, que los campesinos pobres y los jornaleros del sur sostienen con su trabajo mal pagado el éxito de la agricultura de exportación del norte. El estudio Los efectos del presupuesto en el sector rural, de la organización civil FUNDAR, dice que la inversión oficial en el campo tiene dos características: que el 52.7% se concentra en las entidades del Norte y el Occidente del país, específicamente en Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas () La otra característica es que el resto del financiamiento, menos del 30%, se destina a estados del Sur: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, entre otros. (Aquí volvemos a comprobar que el sur empobrecido subsidia al norte desarrollado, por supuesto con la ayuda de todos los Gobiernos, incluido el actual). Además, este financiamiento presenta una alta regresividad, especialmente en FIRA, donde las y los productores de más altos ingresos, que representan el 3.3% de las unidades de producción, recibieron el 59.3% del financiamiento que otorga esa institución. El abandono de los campesinos pobres y los jornaleros no es un simple error del Gobierno, es un plan premeditado para favorecer la agricultura capitalista a expensas de la de autoconsumo. (Toda la información anterior está tomada del reportaje de Trinidad González, publicado en el semanario Buzos de la Noticia N 997). Esta es la feroz realidad del campo y los campesinos, una realidad que no respalda, de ningún modo, los cantos de victoria del presidente por su política de apoyos directos, sin intermediarios corruptos, que acaba de desenterrar para consumo de su público cautivo. Antes de terminar, hay dos aspectos más de esta amarga realidad. En un artículo publicado también en Buzos y titulado Una economía enferma, un país vulnerable, el Dr. Abel Pérez Zamorano resume así el fruto final de la política agrícola de la 4T: Tampoco es para regocijarse que las importaciones de alimentos vayan a la alza, no obstante los discursos de soberanía alimentaria, discursos comestibles: La caída en la producción de granos básicos como el maíz, trigo, sorgo y frijol ha propiciado que México registre récords en importaciones de esos productos () en los primeros cinco meses del año, el país ha importado 16.7 millones de toneladas de granos básicos, de acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) () un incremento histórico de 13.6% en las importaciones de granos y oleaginosas respecto al mismo periodo de 2020 () (El Sol de México, 21 de junio de 2021). ¿A dónde se fueron los éxitos de la política agrícola de la 4T? Solo vemos mayor dependencia alimentaria respecto a EE. UU., peligrosa situación que nos explotará en la cara el día menos pensado. Finalmente, Homero Aguirre, en su artículo semanal El grito infantil que nadie oye en la 4T, dice: en palabras del Reporte Anual 2020 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, elaborado por el Departamento del Trabajo estadounidense, Hay menores en México que son sometidos a las peores formas de trabajo infantil, entre ellas la explotación sexual con fines comerciales, a veces como consecuencia de la trata de personas, y a actividades ilícitas, como la producción y el tráfico de drogas. Los niños también realizan tareas peligrosas en la agricultura, entre otras, en la producción de chile, café, caña de azúcar y tomates. (Son los pequeños hijos e hijas de los jornaleros trashumantes que laboran en los campos agrícolas del norte sin ningún tipo de protección laboral. ACM). Los datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI 2019), financiada por el Departamento de Trabajo de los EE. UU. () También indican que el 52% de los niños trabajadores realizan trabajos peligrosos y el 25% de los niños trabajadores no asisten a la escuela. (). Esta dura realidad es la que explica que, últimamente, al presidente lo reciben las masas inconformes con quejas, peticiones y manifestaciones de protesta donde quiera que va. No son las organizaciones corruptas, dolidas porque les quitó los moches, como dijo el domingo reciente en Huauchinango, Puebla; son los agraviados por la parcialidad de sus operadores en campo y por el incumplimiento total de sus promesas de ayuda, tal como se lo dijeron de frente los damnificados del huracán Grace. No había por qué meter con calzador a Antorcha Campesina; el presidente solo trató de hurtar el cuerpo a su responsabilidad personal, como lo hace siempre en casos parecidos. Los antorchistas no se esconden nunca cuando salen a protestar; no tienen motivos para hacerlo y prefieren que el país entero sepa de su lucha y de la razón que les asiste. Todos saben esto, y si a pesar de saberlo siguen fingiendo esfuerzo para descubrirlos y denunciarlos, es porque pretenden usarlos como chivos expiatorios de culpas ajenas. Como en Huauchinango. Y como este sucio juego de manos puede repetirse en circunstancias más graves y comprometidas, creo mi obligación el deslinde claro y definitivo de acciones como la del domingo. Ahora que todavía hay oportunidad de hacerlo. Que conste.

Mensaje a los mexicanos: Acerca del movimiento de trabajadores de la salud en Oaxaca

LA PERSECUCIÓN A LOS CIENTÍFICOS NO ES UNA RECTA APLICACIÓN DE LA LEY Por: Aquiles Córdova Morán El presidente López Obrador aceptó desde el primer momento que... sabía de la acusación de la Fiscalía General de la República contra 31 científicos por desvío de fondos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, delitos graves los dos últimos que ameritan prisión preventiva oficiosa y penas de cárcel cercanas a la cadena perpetua. Al preguntársele sobre las denuncias, el presidente respondió: Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos del Conacyt; sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe nada teme (Nelly Toche, EL ECONOMISTA, 22 de septiembre). En declaraciones posteriores, sin embargo, dejó ver que no se trata de sospechas, sino de certeza absoluta sobre la culpabilidad de los imputados. Infobae, 26 de septiembre, reseña un artículo del Wall Street Journal: Usa el sistema para perseguir enemigos: el duro cuestionamiento del WSJ a la persecución de AMLO contra científicos del CONACyT. En los dos últimos párrafos, la nota dice: Para el WSJ, las acciones tomadas por López Obrador contra la comunidad científica no tienen razón de ser, aunque el presidente remarque que los miembros tenían demasiadas influencias sobre los gobiernos anteriores para obtener dinero usado en lujos y viajes al extranjero. Fue una especie de chantaje y había que darles estos fondos () y cuando eso desapareció, esa extravagancia, esos lujos, ese desperdicio, se quejaron de que no estamos invirtiendo en ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica (las negritas en el original). Aquí se ve que aquello de esto lo va a resolver el juez fue un truco verbal para dar la falsa imagen de que su gobierno es respetuoso de la ley y de la división de poderes, pero, en los hechos, el presidente se arroga el papel de fiscal y juez; acusa y sentencia sin aportar prueba alguna, y sus sentencias no tienen más sostén que el poder que le otorga la investidura presidencial, poder que no lo autoriza para desempeñar esas funciones. Se trata, pues, de una extralimitación de sus facultades legales y de un peligroso abuso de poder. Hay más. En Palacio Nacional, López Obrador exhibió un informe del Conacyt en el cual se asegura que entre 2002 y 2018, la asociación Foro Consultivo Científico y Tecnológico recibió 471 millones de pesos del erario para pagar restaurantes de lujo, viajes, choferes y hasta los impuestos de 40 personas. Dijo el Presidente: es un grupo predilecto del régimen anterior, como ya no se pueden mantener los privilegios, pues ahora se sienten perseguidos (no, no se sienten, son perseguidos, ACM) () que se investigue y, si hay corrupción, que se castigue (pero él acaba de asegurar que sí hay corrupción, ¿para qué investigar entonces? ACM), ¿por qué castigar solamente a los pobres, a los que no tienen con qué pagar su inocencia, que no tienen agarraderas, que no son influyentes? Se tiene que acabar la impunidad (Gil Gamés, MILENIO, 27 de septiembre). Formalmente visto, este planteamiento es correcto, inatacable; y es, además, un tiro certero a la sensibilidad de la población, que lo hace suyo sin ninguna duda. Nadie en sus cabales se atrevería a sostener que un científico, por el solo hecho de serlo, es insospechable de cualquier delito, de corrupción en particular. Y menos todavía que solo se debe perseguir a los eslabones más débiles de la cadena de la corrupción nacional y se deje impune la de los poderosos e influyentes. Todo esto es inobjetable pero de ningún modo prueba la culpabilidad de los 31 acusados ni da derecho al presidente para enjuiciarlos y condenarlos. Sí demuestra, en cambio, lo erróneo de querer defenderlos apelando exclusivamente a su elevada educación, puesto que eso no implica necesariamente que sean incapaces de corrupción. Creo incluso que no se gana mucho ni siquiera enumerando puntualmente sus aportaciones a la ciencia o a la innovación tecnológica, junto con el beneficio que reciben con ello la productividad del trabajo y al bienestar común. Aun en este caso, el argumento seguiría siendo frágil y sencillo de desbaratar, como lo ha exhibido AMLO. ¿Qué hacer entonces? Naturalmente que no pretendo dar lecciones a nadie; mi propósito es más modesto: exponer mi opinión y que los posibles lectores saquen sus propias conclusiones. Desde el inicio del gobierno de la 4 T, los antorchistas nos hemos guiado por la seguridad de que a dicho gobierno y a su jefe máximo, el presidente López Obrador, se les puede juzgar, y criticar en su caso, desde dos puntos de vista opuestos: desde la izquierda y desde la derecha o, como lo hemos manifestado en lenguaje coloquial, por lo que le falta o por lo que le sobra a su proyecto de transformación y de bienestar de las mayorías. Ambas críticas, aunque se atengan rigurosamente a los principios en que se funda cada una de ellas, forzosamente tendrán que coincidir más de una vez en sus conclusiones, lo que puede llevar a la opinión pública no especializada a considerarlas como lo mismo, como idénticas entre sí. Un ejemplo breve. Ambas corrientes coincidimos en que el control de los precios del gas (y cualquier control de precios en general), es un error que tarde o temprano nos llevará (nos está llevando ya) a la escasez del producto y a un descontrolado mercado negro que elevará los precios por arriba del nivel que tenían antes de que se dictara la medida. Sin embargo, la crítica de la derecha defiende con eso el principio neoliberal de la libertad absoluta del mercado, es decir, el libre funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda que, a su juicio, restablecerá por sí sola el equilibrio entre consumidores y vendedores. Olvidan que precisamente la dura situación que quiere remediar López Obrador es fruto de esa libertad absoluta de la mencionada ley. Por tanto, lo sepa o no, esa crítica busca restablecer lo que había, dejar las cosas tal como estaban; es oponerse al cambio, como los acusa AMLO. Los antorchistas, en cambio, siempre hemos creído que lo que hace falta no es el control de precios de uno o dos productos básicos, sino una reforma completa, profunda y racional de toda la economía, de todo el aparato productivo del país. Pensamos que solo eso puede mejorar en serio la capacidad adquisitiva de la población menos favorecida. Queremos una economía con inversión creciente, con PIB a la altura de las necesidades de empleo y de bienestar; con innovación tecnológica de vanguardia (aquí se ve, de paso, la urgencia de contar con científicos e investigadores bien pagados, en vez de regatearles recursos inventándoles delitos) para elevar la productividad del trabajo, bajar los precios y mejorar los salarios; con una reforma fiscal que dote al gobierno del dinero suficiente para impulsar la economía y para atender necesidades sociales básicas como salud y educación de calidad. Queremos un Estado actuante en la economía, pero sin rebasar su función de regulador y propulsor de la inversión; sin convertirse en un mal competidor de la empresa privada. No le apostamos a un Estado pasivo, un simple gendarme del interés privado. He aquí la diferencia entre crítica de derecha y crítica de izquierda. Volvamos, para terminar, al caso de los 31 investigadores perseguidos. Lo que yo califico de correcto en las palabras del presidente, lo es en efecto, incondicionalmente incluso, mientras se mueva en el terreno de lo general y abstracto; pero tan pronto se intente aplicarla a un caso concreto, su validez, como la de cualquier verdad general, queda sujeta a las circunstancias de lugar y tiempo. En el caso que nos ocupa, el absurdo resulta obvio porque parte de dar por cierto lo que el juez debe investigar y demostrar. Eso se llama petición de principio o círculo vicioso y su falsedad es automática. Y esto es cierto independientemente de que los acusados sean culpables o no. Adelantar la conclusión del juicio y hacerlo además sin ser fiscal ni juez, es violar el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia; es una grosera usurpación de funciones y un inaceptable abuso de poder. Es un error prejuzgar aunque sea para defender a los acusados, es caer en el mismo vicio que el presidente. Yo no tengo elementos ni capacidad jurídica para decidir si los 31 acusados e infamados públicamente son inocentes o no; tendría que apoyarme solo en su carácter de científicos e investigadores, que es justamente el error de quienes los defienden desde la derecha. Y ya vemos qué tan sólida ha resultado esta defensa ante los embates presidenciales y quizá ante buena parte de la opinión pública que ve las mañaneras. Coincido en que los acusados son víctimas de la manipulación de la ley y del abuso del poder presidencial, pero veo de modo distinto la cuestión de en qué radican exactamente esa injusticia y abuso de poder. La línea de la derecha conduce indefectiblemente al error implícito de que la jerarquía social, mientras más alta, mejor garantiza la recta conducta y la honradez sin fisuras de las personas. Y, por el contrario, que la pobreza es sinónimo de delincuencia. No comparto este punto de vista. Rechazo el abuso de poder presidencial, la arbitrariedad brutal en la aplicación de la ley y la sevicia persecutoria y vengativa con que se está tratando a 31 ciudadanos mexicanos, independientemente de su profesión. Me solidarizo incondicionalmente con ellos porque creo que si ahora los dejamos solos, mañana nadie levantará la voz por nosotros. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. (Poema del pastor alemán Martin Niemöller, erróneamente atribuido a Bertolt Brecht) ¡Por esto me uno a la protesta nacional en favor de los 31 científicos e investigadores, declarados culpables al margen de la ley y sin respetar su derecho al debido proceso! ¡Que el presidente cumpla sus palabras y se abstenga de intervenir y de seguir viciando el proceso, como lo exige la verdadera justicia! Hablo por el antorchismo nacional.